- El Ministerio del Trabajo tiene en revisión ocho proyectos de decreto: algunos plantean derogatorias completas y otras modificaciones parciales. Algunos de los asuntos en revisión están relacionados con tercerización, acoso laboral, pactos colectivos e inspección.
- La revisión busca corregir disposiciones que, según el Ministerio de Trabajo, podrían exceder las facultades reglamentarias del Gobierno, incluyendo sanciones superiores a límites legales y competencias atribuidas a inspectores que corresponderían a jueces.
- Para KPMG, las empresas deberían identificar desde ahora qué contratos, políticas y procedimientos podrían verse afectados, sin anticipar cambios mientras los decretos actuales continúen vigentes.
COLOMBIA (Noviembre 18 de 2026) Ocho decretos laborales expedidos entre 2025 y 2026 podrían volver a cambiar. El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios proyectos que proponen derogar dos normas y modificar otras seis, luego de una revisión jurídica en la que identificó disposiciones que, según la entidad, podrían exceder la potestad reglamentaria del Ejecutivo o desarrollar asuntos que deben ser definidos directamente por la ley o por autoridades judiciales.
Entre los aspectos señalados por el Ministerio se encuentran temas relacionados con la técnica normativa, disposiciones previamente anuladas por el Consejo de Estado y sanciones que, en algunos casos, podrían superar hasta 50 veces los límites previstos legalmente. La cartera ha explicado que la revisión busca ajustar la reglamentación, sin eliminar los derechos reconocidos en la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo o la reforma laboral.
Para las empresas, el escenario plantea una particularidad: varias de estas reglas fueron incorporadas recientemente a contratos, políticas y procedimientos internos y ahora podrían modificarse nuevamente. Sin embargo, mientras los nuevos decretos no sean expedidos, la reglamentación vigente continúa aplicando, por lo que el reto consiste en prepararse sin desmontar anticipadamente obligaciones o controles que siguen siendo exigibles.
“Las empresas no deberían actuar como si los decretos ya hubieran cambiado, pero tampoco conviene esperar a que se publiquen los textos definitivos para evaluar su impacto. Este periodo puede utilizarse para identificar qué contratos, políticas y procedimientos dependen de las normas en revisión y determinar dónde podrían ser necesarios ajustes”, señaló María Camila Ortiz de KPMG en Colombia.
Cuatro frentes que las empresas deberían revisar
Uno de los principales cambios está relacionado con la tercerización laboral. El Ministerio propone derogar el Decreto 581 de 2026 al considerar que algunas de sus disposiciones sobre conductas indicativas y sanciones excederían el alcance reglamentario. Esto no significa que la tercerización ilegal deje de estar prohibida: las restricciones previstas en la ley y las facultades de inspección y sanción permanecen vigentes.
Para KPMG, las compañías con esquemas de outsourcing o contratación permanente con terceros deberían revisar no solo sus contratos, sino cómo funciona la relación en la práctica: quién imparte instrucciones, qué autonomía existe en el contratista y cómo se supervisa el servicio.

Un segundo frente está en la revisión de aspectos relacionados con el acoso laboral, la violencia y la discriminación. El proyecto que modifica el Decreto 1040 conservaría las obligaciones de prevención y atención, pero eliminaría algunas presunciones y reglas probatorias que, según el Ministerio, solo pueden establecerse mediante ley. Para las organizaciones que recientemente actualizaron protocolos y rutas internas, el punto será diferenciar qué obligaciones permanecen porque tienen fundamento legal y qué procedimientos podrían cambiar con la nueva reglamentación.
También están en revisión asuntos sobre los pactos colectivos. El Gobierno propone derogar el Decreto 992 y regresar al procedimiento previsto en el Código Sustantivo del Trabajo para su depósito, aunque continuarían vigentes las restricciones legales sobre su celebración y las garantías de asociación sindical. Las empresas con sindicatos, pactos o procesos de negociación colectiva deberían identificar qué procedimientos dependen específicamente del decreto que podría desaparecer.
Finalmente, el proyecto relacionado con inspección laboral mantendría la posibilidad de que los inspectores adopten medidas preventivas frente a situaciones de riesgo, pero precisaría que estas deben estar motivadas, ser temporales, revisables y respetar los recursos previstos legalmente. Para los empleadores, esto refuerza la importancia de contar con documentación actualizada y protocolos claros para responder a visitas o requerimientos de la autoridad.
“Que una norma reglamentaria esté siendo revisada no elimina las obligaciones legales que existen detrás de ella. El ejercicio para las compañías consiste en separar aquello que permanece vigente por mandato de la ley de los procedimientos específicos que podrían modificarse”, explicó María Camila Ortiz.
El impacto dependerá de cada empresa
Los demás proyectos también incluyen modificaciones relacionadas con seguridad social de repartidores de plataformas digitales, protección frente al despido de víctimas de acoso sexual, trabajo doméstico y condiciones laborales de periodistas y comunicadores. Por ello, el efecto de la revisión no será igual para todas las organizaciones y dependerá de su actividad, modelo de contratación y composición de la fuerza laboral.
Los ocho proyectos estarán abiertos a comentarios hasta el 9 de noviembre de 2026, por lo que todavía pueden sufrir modificaciones antes de una eventual expedición.
En este escenario, KPMG recomienda construir una matriz de impacto regulatorio que permita relacionar cada norma en revisión con los procesos de la compañía: contratos asociados con tercerización, protocolos de acoso, procedimientos de relaciones colectivas, actuaciones frente a inspecciones y otras políticas que hayan sido actualizadas recientemente.
El objetivo sería distinguir entre tres escenarios: (i) obligaciones que se mantienen, por derivarse directamente de la ley; (ii) procedimientos que podrían modificarse en caso de que los proyectos sean expedidos; y (iii) controles internos que, aun cuando cambie la reglamentación, resulte conveniente implementar o mantener como parte de la gestión de riesgos y del cumplimiento de la compañía.
“El riesgo está en los dos extremos: modificar procesos con base en proyectos que todavía no son normas o no hacer ningún análisis hasta que los nuevos decretos entren en vigor. Una revisión preventiva permite mantener el cumplimiento actual y, al mismo tiempo, estar preparados para implementar rápidamente los ajustes que finalmente sean aprobados”, concluyó María Camila.
La revisión de estos decretos se suma a otros ajustes recientes en materia laboral. En agosto, el Ministerio dejó sin efectos 11 circulares expedidas entre 2025 y 2026 sobre temas como jornada laboral, estabilidad reforzada, libertad sindical, debido proceso disciplinario, plataformas digitales y trabajo doméstico. Para la firma, la sucesión de cambios refuerza la necesidad de mantener un seguimiento regulatorio continuo y distinguir entre leyes, decretos y criterios administrativos, pues no todos tienen el mismo alcance sobre los procesos empresariales.
Fuente: Central de Noticias AndeanWire
